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Boí Taüll suspendió pagos con una deuda de 45 millones de euros y poco después presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal que afectó a noventa trabajadores.
Desde entonces, la compañía ha intentado negociar su viabilidad con la Generalitat, que llegó a ofrecerse a adquirir la unidad productiva. Finalmente, la estación abrirá la próxima temporada sin la necesidad del rescate público, aunque, en paralelo, aún tiene una asignatura pendiente con el Govern. El complejo de esquí empezará a negociar ahora con el Institut Català de Finances (ICF), a quien debe siete millones de euros. Boí Taüll necesita refinanciar este crédito para aplazar los pagos.
Una de las opciones que se habían barajado era que la Generalitat pudiera asumir la dirección de Boí Taüll a través de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Esta empresa pública gestiona también las estaciones de La Molina, Vall de Núria, Espot y Port Ainé. El pasado julio, el Ejecutivo autonómico salió al rescate de Vallter 2000.
Fuente: Expansión
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