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La consejera de Economía del Gobierno de Aragón y presidenta de la empresa semipública Aramon, Marta Gastón, aseguró a TVE que en primavera ya habrán instalado el nuevo telesilla de Cerler, que conectará la estación de esquí con el valle de Castanesa. De hecho, el verano pasado, ya hubo máquinas trabajando en la montaña, pero para poder llevar a cabo la ampliación de pistas necesitan terrenos que son de propiedad privada.
Este mes de enero, el Departamento de Vertebración del Territorio del Gobierno aragonés (DGA) ha iniciado los trámites de expropiación después de que a finales de septiembre del año pasado publicara una orden de expropiación de las tierras de los vecinos para poder avanzar con las obras. El monte es propiedad de 70 socios. Algunos han llegado a un acuerdo con Aramón, pero hay otros que no.
Se da la circunstancia que la posición de los partidos que forman el gobierno autonómico respecto a este tema no es unánime: mientras que PSOE y PAR son favorables al proyecto, CHA y Podemos siempre se han manifestado en contra. Además, las asociaciones ambientalistas rechazan de manera unánime la ampliación de la estación de esquí de Aramón Cerler por ese valle.
El proyecto viene de lejos
Casi coincidiendo con su creación, el grupo Aramón compró terrenos rústicos, que el ayuntamiento de Montanuy, en el valle de Castanesa, recalificó a urbanos para financiar con las plusvalías la que se promocionó como la estación de esquí más grande del Pirineo. Contaban con invertir 400 millones de euros para construir 4.000 viviendas, teleféricos, campos de golf… en un proyecto que diseñó el prestigioso arquitecto Norman Foster; pagaron 20 millones por 180 hectáreas de prados y el ayuntamiento recalificó 50 hectáreas. Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ratificada por el Supremo que declaraba nula la recalificación de terrenos, dieron al traste con los planes de Aramón.
Los vecinos de Montanuy no son más de 200 repartidos en 17 núcleos de población. Entre ellos hay disparidad de opiniones y, a pesar de que ahora ese proyecto se ha visto reducido y es más modesto -la inversión prevista ahora es de 40 millones de euros-, las posturas de unos y otros están más encontradas que nunca.
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